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• Se debe asegurar la estabilidad de 180.000 empleos formales directos e indirectos en Costa Rica

• Se deben aprovechar las oportunidades que Costa Rica ha generado gracias al excelente manejo del COVID-19 para reactivar la economía y generar bienestar.

San José, Costa Rica. 7 de mayo 2020. La reacción de Costa Rica ante la emergencia sanitaria del COVID-19 ha sido reconocida como un caso de éxito a nivel mundial. El país ha sido capaz de asegurar la continuidad de las operaciones de las empresas de Zona Franca que emplean a más de 180.000 personas directa e indirectamente. Las empresas en forma inmediata han implementado planes de teletrabajo, han readecuado procesos y jornadas para asegurar la salud de sus colaboradores sin menoscabar la productividad, y continúan trabajando de la mano de las universidades y empresas locales, compartiendo su tecnología para crear insumos médicos.

Por 38 años, CINDE ha impulsado fielmente la tarea de generar empleo formal a costarricenses recién graduados, mujeres que mantienen sus hogares, operarios, técnicos, profesionales en diversas áreas y costarricenses que viven en comunidades fuera de la gran área metropolitana. Son 325 empresas multinacionales las que han decidido por Costa Rica, gracias a ese talento costarricense, confiando en un país que les garantiza seguridad jurídica y reglas claras.

No obstante, en CINDE vemos con gran preocupación como en el país, ante soluciones para afrontar esta crisis, algunos proponen como posible alternativa alterar la estabilidad jurídica, gravando a las Zonas Francas. La estabilidad jurídica dejaría de ser una de las más importantes razones de creer en Costa Rica, abriendo paso a una imagen internacional de desconfianza e inestabilidad.

No estamos solos en el mundo. Mientras el resto de los países, ante el COVID-19, han implementado programas de apoyo a las empresas e incentivos para que sigan invirtiendo y generen empleo, en Costa Rica no podemos ir en la dirección opuesta. Sería un grave error. La competencia a nivel mundial por inversión es cada vez más intensa.

La inestabilidad y cambio en las reglas del juego ahuyenta la inversión de empresas. Países que han cambiado las reglas en el pasado han perdido miles de puestos de trabajo y cientos de empresas han buscado nuevos destinos para sus operaciones. Entre todas las soluciones propuestas, aquellas de acudir a más impuestos al régimen de Zona Franca responden a intenciones contrarias a la creación de oportunidades.

Como país debemos buscar las soluciones que garanticen la dinamización de la economía, el crecimiento del empleo formal y la generación de oportunidades que sean sostenibles en el tiempo para los costarricenses.

La crisis de COVID-19 ha generado una disrupción en las cadenas globales de valor, reorganizando el mapa mundial de la IED (Inversión Extranjera Directa), donde otros países buscarán acercar su producción a sus mercados meta (nearshoring), lo que abrirá grandes oportunidades para Costa Rica si las sabemos aprovechar.

Gracias al trabajo articulado entre el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER) y la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE), se está trabajando en una estrategia post-COVID, con una innovadora propuesta valor país, la cual estamos listos para ejecutar.

Las condiciones de competitividad que han urgido durante décadas al empresariado nacional y extranjero para generar empleos, deben ser la prioridad para afrontar nuestra nueva realidad posterior al COVID-19.

Debemos democratizar el acceso a tecnología y asegurar conectividad eficiente; debemos apostar por alianzas público-privadas para avanzar en infraestructura; urgimos de reformas laborales que aseguren los derechos de los trabajadores al mismo tiempo que garanticen jornadas para que las madres puedan trabajar sin desatender a sus niños y los jóvenes puedan estudiar y trabajar con jornadas que abran estas posibilidades; confiamos en la pronta aprobación del proyecto de ley para reformar el INA y redoblar así esfuerzos en desarrollar las capacidades de los costarricenses para que puedan emplearse en los trabajos actuales y del futuro que demanda el mercado, requerimos trámites seguros y eficientes mediante una ventanilla única de inversiones para que las empresas nacionales y extranjeras puedan iniciar sus operaciones sin enjambres tramitológicos; debemos tomar decisiones sobre cómo reducir el costo de la electricidad; todas éstas entre las reformas más urgentes que requiere el país.

CINDE se pone a disposición de las autoridades de Gobierno, como lo ha hecho durante nueve administraciones, para que de forma conjunta con el sector privado se puedan construir soluciones.

Lamentablemente, los subsidios estatales alivian las necesidades apremiantes, pero no podrán ser mantenidos por mucho tiempo. Cuando las finanzas públicas ya no lo permitan, la única forma de apoyar en tiempos de crisis y reactivar la economía es, y será siempre, la generación de empleos de calidad para la mayor cantidad de costarricenses.

Lo que hemos hecho bien hasta el momento, debe ser la base sólida para potenciar aún más las oportunidades futuras. El Régimen de Zona Franca es el único sector que tiene cuantificado el retorno/beneficio país por los incentivos que se le ofrecen:

• Empleo formal en todo el país:

o 1 de cada 3 empleos formales creados en el país, en los últimos 5 años, fue generado por empresas atraídas por CINDE.

o Empleo generado en empresas CINDE ha crecido 9,9% en promedio en los últimos 5 años.

o Empleo generado fuera de GAM ha crecido 10% en promedio en los últimos 5 años.

• Empleo a las mujeres:

-50% de los nuevos empleos netos generados en 2019 en empresas apoyadas por CINDE, fueron ocupados por mujeres.

-15.500 mujeres estén ligadas a la industria de dispositivos médicos. Muchas de ellas antes trabajando en maquilas. 52% de empleo de esta industria médica es ocupado por mujeres.

• Empleo a estudiantes de educación pública:

-85% del empleo generado en empresas de servicios del Régimen de Zona Franca beneficia a estudiantes provenientes de colegios públicos.

• Aporte social:

-Por cada dólar de incentivo fiscal, las empresas de Zona Franca contribuyen con US$2,5 a la economía con salarios, cargas sociales, entre otros.

-En 2018 las empresas de Zona Franca aportaron US$508 millones a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), este monto es dos veces el presupuesto estimado para construir el Hospital de Puntarenas. Este monto representa el 11% de los ingresos por contribuciones a la CCSS y 7,4% del presupuesto.

-Las Zonas Francas aportaron US$32 millones al Instituto Nacional de Aprendizaje en 2018.

• Encadenamientos – desarrollo de empresa local:
-El 47% de compras totales registradas por las empresas de Zonas Francas fueron realizadas a empresas locales lo que asciende a US$2.203 millones en 2018.

-El sector de Zona Franca encadena a 4.000 pequeñas y medianas empresas costarricenses.